El pleno del Senado ha aprobado este jueves el proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria -cuyo fin es reforzar al agricultor frente a industria y supermercados-, sin recoger la mayor parte de las enmiendas presentadas por la oposición.
Su objetivo es equilibrar el poder de negociación entre los actores que componen la producción alimentaria, entre los cuales el productor es el eslabón más débil.
El dictamen del Senado incorpora algunas enmiendas, por lo que volverá al Congreso de los Diputados, pero en la votación han sido rechazadas la mayor parte de las propuestas defendidas por los grupos de la oposición.
Asimismo, se ha rechazado el único veto, propuesto por la senadora Esther Capella (ERC), quien argumentó que el proyecto no garantiza lo suficiente los derechos de los consumidores.
El proyecto de Ley para la mejora de la cadena alimentaria plantea, entre otras actuaciones, la autorregulación mediante un código de conducta, la obligatoriedad de contratos (para transacciones por encima de los 2.500 euros).
En sus últimas versiones, el texto ha incorporado la figura de un «mediador» en caso de desacuerdo entre los productores y compradores acerca de los precios.
El Gobierno también propuso un régimen sancionador por incumplimiento, que fija multas, a partir de los 3.000 euros (para infracciones leves) y que en los casos más graves pueden llegar a un millón de euros.
Entre las 173 enmiendas debatidas, PSOE, Entesa pel Progres de Catalunya, el Grupo Mixto, Ciu y PNV han hecho alusiones a la prohibición de la venta a pérdidas, pero el PP las ha descartado alegando que ese problema ya está debidamente regulado con la legislación actual.
En nombre del PP, el senador Enrique López Veiga ha señalado que en la nueva regulación el Gobierno «se ha centrado» en combatir las prácticas comerciales «abusivas» y «condenables», como la imposición de precios, con propuestas acordes con las normas comunitarias o con la legislación sobre competencia y sin sobrecarga burocrática.
Los senadores de la oposición también han coincidido en que en muchos casos las multas no serán disuasorias.
Fuente: El Progreo
