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Las Cortes de Castilla y León aprueban la Ley de Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Martes, 21 de Septiembre de 2010

Las Cortes de Castilla y León han aprobado con el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular la Ley de Salud Pública y Seguridad Alimentaria que incluye tres comités de control y una Red de Vigilancia Epidemiológica y contempla sanciones de entre 300 y 600.000 euros.

Según ha explicado el consejero de Sanidad, Francisco Javier Álvarez Guisasola, la nueva normativa tiene como objeto establecer el marco legal por el que las administraciones públicas de la Región promoverán y tutelarán la salud pública y la seguridad alimentaria y regular el régimen general de obligaciones de las personas físicas y jurídicas que realicen actividades con incidencia sobre la salud individual o colectiva.

Para el consejero, la nueva Ley de Salud Pública y Seguridad Alimentaria es una norma ”comprometida” con la sociedad, a la que da respuestas a las demandas actuales y futuras, y ”exigente” con los poderes públicos, además de ”integradora e innovadora”.

Castilla y León
es la primera en legislar la Salud Pública y Seguridad Alimentaria de manera conjunta y la tercera, tras Cataluña y Valencia, en regular de este modo la salud pública, por lo que el consejero ha defendido la vinculación de las dos materias y ha destacado que a la Administración le corresponde la vigilancia del cumplimiento de la norma, lo que se llevará a cabo por medio de la creación de los Comités de Control de la Cadena Alimentaria y de Vigilancia Sanitaria Ambiental. Se establece la creación de una Red de Laboratorios de Control oficial que estarán ”perfectamente acreditados y reconocidos” tanto a nivel nacional como internacional para llevar a cabo su función ya que se refuerzan los sistemas de adopción de medidas especiales como cierre de establecimientos, suspensión de actividad e intervención de medios materiales.

En referencia al régimen sancionador se establece la calificación, la graduación, la responsabilidad, la prescripción y la competencia y el procedimiento y establece sanciones que oscilarán entre los 300 euros en el caso de las leves, que podrán ser impuestas por las delegaciones territorial, hasta los 600.000 euros, cuya decisión correspondería al titular de Sanidad.

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